La UE alerta de que la transición energética está dejando atrás a los colectivos más vulnerables

30/03/2026 8:30:07

Línea Verde

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La ambiciosa transición energética de la Unión Europea corre el riesgo de agravar las desigualdades sociales si no corrige su rumbo actual. Un informe publicado este jueves por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA), con sede en Viena, denuncia que las políticas de energía y clima de los Estados miembros carecen de un enfoque de derechos humanos, dejando al margen a los grupos con menos recursos, a las madres solteras, a los mayores y a los inmigrantes.

El organismo advierte que los programas de descarbonización y rehabilitación de viviendas están excluyendo inadvertidamente a quienes más los necesitan. Aunque estas renovaciones buscan reducir el consumo y abaratar facturas, la falta de apoyos específicos impide que las capas más pobres de la población accedan a ellas. La urgencia es clara: según datos de la Comisión Europea, el 75% de los edificios del bloque son energéticamente ineficientes.

Radiografía de la pobreza energética

La situación ha empeorado drásticamente en el último trienio. En 2024, el 9% de los habitantes de la UE no pudo calentar su hogar de forma adecuada, dos puntos porcentuales más que en 2021. Sin embargo, la estadística es mucho más cruda al poner el foco en colectivos vulnerables: la cifra asciende al 13% en personas con discapacidad, al 15% en familias monoparentales y roza el 20% en aquellos en riesgo de pobreza.

«Los Gobiernos deben garantizar que las personas más necesitadas no se queden atrás», ha subrayado Sirpa Rautio, directora de la FRA. El informe critica que muchos planes nacionales abordan la equidad energética de forma superficial y denuncia barreras burocráticas insalvables, como ayudas que solo pueden tramitarse online o que exigen una cofinanciación inasumible para rentas bajas.

El drama de los inquilinos y la brecha de género

El estudio pone especial énfasis en el 30% de la población europea que vive de alquiler. Este grupo dedica, de media, más de un tercio de sus ingresos a la vivienda, el doble que los propietarios. La FRA señala una paradoja perversa: los inquilinos suelen habitar los edificios menos eficientes, pero las ayudas se dirigen casi exclusivamente a los dueños, quienes carecen de incentivos para reformar al no pagar ellos las facturas. Además, cuando se realizan obras, estas suelen derivar en subidas del alquiler que fuerzan el desplazamiento de los residentes originales.

Finalmente, la agencia alerta sobre la desigualdad de género. Las mujeres, especialmente las mayores de 65 años o con discapacidad, presentan un mayor riesgo de pobreza energética. A pesar de esta evidencia, solo nueve de los 27 países de la UE —entre ellos España— integran la igualdad de género en sus políticas climáticas. La FRA concluye que sin un enfoque basado en derechos, la transición energética verde no será justa, sino que consolidará una Europa de dos velocidades.

 

Redacción Ambientum

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